Mucho se ha hablado y escrito sobre la sentencia 0168/13, adoptada el 23 de septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Esta medida jurídica despoja de su nacionalidad a más de 200 mil dominicanas y dominicanos de origen haitiano, bajo el pretexto de que sus padres haitianos son migrantes irregulares que están en tránsito en el país; irregularidad que se transmitiría de padre a hijo.
Estos dominicanos que pertenecen a la primera, la segunda e incluso (algunos de ellos) a la tercera generación de los migrantes haitianos se encuentran de un día para otro sin nacionalidad, en el único país que conocen y que los vieron nacer; muchos de ellos no hablan creole ni francés, los dos idiomas oficiales de Haití. Son los nuevos apátridas del siglo XXI, víctimas de una sentencia “legal” pero injusta que definitivamente ha marcado un parteaguas en las relaciones entre Haití y República Dominicana y que ha llevado a la llamada comunidad internacional a denunciar esta sentencia “discriminatoria” en contra de una minoría étnica: los dominicanos afro-descendientes, hijos de migrantes haitianos.
Ante esta ola de condenas, el gobierno dominicano viene realizando esfuerzos por resolver de manera humanitaria la suspensión de la documentación de dominicanos de ascendencia haitiana, por ejemplo, mediante la publicación de la Ley 169-14 del 23 en mayo de 2014 y el Reglamento para su aplicación (a través del Decreto 250-14 del 23 de junio del mismo año); pero, tal como lo plantea el Movimiento Reconocidos, hacen falta más acciones y hechos para que estas legislaciones garanticen un acceso real, ágil y efectivo a la documentación para quienes ya estaban inscritos en el registro civil dominicano o quienes nunca fueron inscritos por este gran muro institucional y administrativo.
El debate no es sólo legal, sino que tiene un trasfondo histórico y cultural complejo que hay que entender. Haití y República Dominicana son dos países que comparten una pequeña isla ubicada en el Caribe. La isla tiene una extensión geográfica de 76.480 kilómetros cuadrados, de los cuales Haití tiene 27.500 kilómetros cuadrados y la República Dominicana 48.440 kilómetros cuadrados. Haití, la primera república negra en el mundo, se independizó de Francia en 1804, mientras que la República Dominicana fue colonizada por España y luego por el país vecino de 1822 a 1844. Cerca del 90% de la población haitiana es negra, mientras que los dominicanos cuyo idioma oficial es el español se consideran hispanos e incluso “indios”.
A pesar de estas diferencias, ambos países tienen mucho en común, por ejemplo: una población que es dominicana, pero que desciende de los haitianos (los llamados domínico-haitianos o dominicanos de origen haitiano). Cuando los Estados Unidos de América ocuparon los dos países de la isla, primero Haití en 1915 (hasta 1934) y la República Dominicana en 1916 (hasta 1924), los ocupantes “facilitaron” la migración de los haitianos hacia los “bateyes” dominicanos para que éstos trabajaran en las empresas azucareras norteamericanas. He allí uno de los grandes “orígenes” de la migración haitiana que se dio justamente en el marco de la introducción del capital estadounidense en la isla y, de hecho, en el Caribe y el resto del continente americano.
Sin embargo, a pesar de la gran utilidad de la mano de obra haitiana para el sector productivo dominicano, principalmente la industria azucarera (“los necesitamos, pero no los queremos”, reza un dicho), el dictador dominicano, Rafael Leonidas Trujillo, ordenó en 1937 la masacre de miles de haitianos para “dominicanizar” al país. Así se consolidó la ideología anti-haitiana que marcó definitivamente las pautas y los engranajes del sistema educativo, la cultura, la clase política e intelectual, algunos medios de comunicación, varias religiones e incluso las estructuras del Estado dominicano. Un anti-haitianismo “sistémico”, “institucional” que buena parte de la sociedad dominicana denuncia y combate, desde su lucha por un país incluyente, justo, democrático y respetuoso de los derechos humanos y de la dignidad humana.
Esta lucha es contrarrestada por sectores “ultra-nacionalistas” dominicanos, pero ampliamente apoyada por intelectuales y organizaciones de derechos humanos haitianos y también por dominicanos que residen en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en España, etc. La Comunidad del Caribe (CARICOM), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han expresado reiteradamente su rechazo enérgico contra aquellos actos, actitudes, políticas y decisiones jurídicas de corte discriminatoria que violan los derechos de los migrantes haitianos y sus descendientes en República Dominicana. El rechazo es cada vez más generalizado.
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