El Proyecto

Problemas de documentación, impactos electorales

En América Latina, a diferencia de otras regiones, el Estado prevé que cada ciudadana o ciudadano acceda a un documento nacional que da fe de esa identidad. Ese documento, a lo largo de las décadas, se ha convertido en un pasaporte que facilita el acceso a derechos y servicios básicos.

El reconocimiento de la identidad por parte del Estado garantiza a los habitantes el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares. Por lo tanto, no es casual que su carencia esté tan estrechamente vinculada con la exclusión social.

La ausencia de dicho reconocimiento, implica que la persona no cuenta con constancia legal de su existencia, con la consiguiente dificultad para poder ejercer plenamente, sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; además no tiene acceso a su participación como ciudadano, en contraposición a lo consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana entre otras.

Poder Ciudadano, con apoyo de la NED, realizó en el 2009 y 2011 el proyecto denominado “Promoción de la Universalidad del Derecho a la Identidad en América Latina - Cumplimiento de los estándares de la OEA mejores prácticas”.

Mediante este proyecto se realizó un análisis comparativo en 18 países de Latinoamérica para determinar cuál era su grado de cumplimiento en relación a los estándares aprobados por la OEA.

A partir de esta investigación surgió el proyecto “Barreras al acceso a la documentación y su impacto en la transparencia electoral” como una continuación del proyecto anterior. En el cual se pone foco en las barreras de acceso al documento de identidad y las consecuencias en el ejercicio del derecho al voto, como producto de las experiencias recogidas.

En una primera etapa se aplicó este proyecto a cuatro países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Guatemala y Nicaragua. En 2013 se inició la segunda etapa del proyecto y se trabajó con los siguientes países: Chile, Colombia, Costa Rica, Haití¹, Perú y Venezuela.

Este año comenzó la tercera y última etapa y se está trabajando con los siguientes países: Brasil, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, México, Paraguay, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

Objetivo

• Promover mecanismos de transparencia que garanticen las condiciones de accesibilidad a la documentación universal y de ese modo, el libre ejercicio del derecho al voto en 18 países de Latinoamérica.

Objetivos específicos

• Aplicar la metodología desarrollada para este proyecto, mediante la cual se pretende detectar cuestiones relevantes de acceso a la documentación e impacto en el derecho al voto.
• Identificar y describir las principales vulnerabilidades y barreras que impactan el derecho al voto en cada uno de los países seleccionados.
• Establecer estándares mínimos de transparencia y universalidad que deben cumplir los organismos estatales que se ocupan de otorgar los documentos de identidad, y en particular en torno a aquellas cuestiones que puedan afectar el pleno y libre ejercicio del voto.
• Instalar los estándares de transparencia en el acceso a la documentación como tema de una agenda de incidencia a favor de la transparencia electoral a nivel regional y de los países seleccionados.