Millares de personas en nuestro país carecen de identificación por diversas razones: porque nunca fueron inscritas cuando nacieron, porque sus partidas de nacimiento se deterioraron por el paso del tiempo o simplemente porque éstas fueron destruidas, especialmente cuando la guerrilla incendió muchas alcaldías durante la lucha fratricida, situación legal que les afecta en sus asuntos personales, patrimoniales, de familia, etc.
Para subsanar esas deficiencias, algunas acuden a los notarios, otras a la Procuraduría General de la República y muchísimas, por causas desconocidas, siguen el calvario de seguir ignoradas como personas naturales de El Salvador, lo cual constituye, a mi modo de ver, una grave violación a sus derechos ciudadanos consagrados constitucionalmente, ya que jurídicamente no han nacido. Pero hacer esas diligencias, es someterse a trámites engorrosos, aburridos y demasiados lentos.
Precisamente, en la municipalidad capitalina tramito, desde hace varios meses, diligencias para establecer subsidiariamente el nacimiento de una adolescente y el fallecimiento de una anciana, pero vez tras vez me hacen prevenciones de la llamada “Subgerencia Legal” y cada una de esas prevenciones significa semanas de atraso en el trámite. Luego, me pregunto, ¿por qué no formulan todas las prevenciones, pertinentes y de fondo, en un solo escrito, sino que las formulan una a una, para que todo se atrase? E incluso, mi preocupación por el estado familiar de ingentes cantidades de salvadoreños, de ambos géneros, llega hasta el grado de preguntarme: ¿por qué la Asamblea Legislativa no emite un decreto que facilite, ipso facto, reconocerles el nacimiento a nuestros millares de compatriotas que viven una existencia, legalmente ficticia, por no tener identificación alguna?
Pero este mismo problema tramitológico también sucede en las distintas secciones del Centro Nacional de Registros, donde cada Registrador pareciera tener sus propios criterios en observar las escrituras que llegan a su conocimiento. Para colmo, como hacen en la alcaldía metropolitana, ellos no hacen de una vez todas las observaciones a un instrumento notarial, lo cual permitiría que los notarios las subsanemos con un sencillo cambio de folios, si ello fuera el caso, y de esta manera se apresuraría el trámite y la clientela estaría satisfecha.
Lo peor es cuando inscribimos instrumentos notariales en lugares distantes a la capital.Una vez tuve un caso en Sensuntepeque, pero el trámite debía hacerse en el CNR de San Vicente y tenía que gastar el doble en gasolina por simples observaciones del Registrador, implacable e inflexible en su oficina. ¿Cómo vamos a impulsar el desarrollo del país con estos retardos burocráticos, que incluso niegan la fe pública notarial, que data históricamente desde el Antiguo Egipto?
Pero el colmo me sucedió, hace pocas semanas, en las oficinas del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), donde trabajan varias noveles y simpáticas “licenciadas”, encargadas de revisar los escritos notariales. Pues bien, me llamó una de esas empleadas, y me dice que no me podían admitir un escrito porque “no había identificado plenamente a la solicitante”.
Disculpe, le dije, lea bien y verá que por falta de DUI la tuve que identificar mediante la declaración jurada de dos testigos hábiles, los que dan fe de conocer a dicha persona, tal como lo ordena la Ley del Notariado. La jovencita me miró con displicencia y respondió con voz apagada: “Señor, agregue un certificado escolar, para darle robustez a la solicitud”. De nuevo, mi réplica: Señorita, un certificado escolar no es documento de identificación, sino una constancia de notas de estudio. Y cerró todo con un enfático: “Perdone, señor. Son políticas de la nueva Presidenta del RNPN”. ¡San Jerónimo piadoso!
El colmo de los colmos es que también en la alcaldía capitalina también ya piden certificados escolares, fe de bautismo y otros documentos no idóneos, para darle confiabilidad a la fecha de nacimiento de alguien, en abierta contradicción a lo que ordena la Ley del Notariado, la cual señala que puede efectuarse mediante declaración jurada de testigos o sus progenitores como fase inicial.
Hoy, igual a muchísimos colegas notarios que conozco, prefiero realizar estas diligencias subsidiarias de cualquier estado familiar en un Juzgado de Familia. Sinceramente, en la alcaldía metropolitana y ese RNPN es simplemente perder tiempo, dinero…y paciencia. Antes bastaba conque el síndico municipal no se opusiera a dichas diligencias y todo se resolvía luego en beneficio directo de las personas interesadas, pero gracias a nuestra perínclita Asamblea Legislativa se dispuso que todo pasara por el ajo del RNPN, que hoy suma su reconocida tramitología excesiva con la retardante de nuestra municipalidad.
Pensemos que una de las cosas que atrasa con fuerza el desarrollo nacional es, precisamente, la excesiva tramitología burocrática que ahoga el quehacer de muchas instituciones públicas. Ojalá que nuestros diputados, en lugar de viajar, revisen pronto dichos aspectos.La pelota les queda en su cancha, señores legisladores.