Costa Rica: Autoridades carcelarias entorpecen labor de defensores de derechos humanos en Costa Rica

San José, 28 nov (elpais.cr) – Defensores de los Derechos Humanos de los privados de libertad denunciaron que han sido hostigados por personeros del Centro Penitenciario La Reforma y de la Dirección General de Adaptación Social, adscritos al Ministerio de Justicia.

La denuncia la hizo Hermez González, de la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien afirmó que funcionarios de esas dos entidades han venido cometiendo una serie de irregularidades contra integrantes de la organización.

González dijo a Elpais.cr que esas irregularidades la comenten “con el único fin de entorpecer la defensa de los derechos humanos de los privados de libertad y hostigar a los funcionarios de la organización para que se suspendan los proyectos de investigación realizados contra sentencias, que actualmente se encuentran siendo ejecutadas (Proyecto Inocencia Costa Rica), y que cuentan con un grado de probabilidad de haber sido dictadas de manera contraria a los principios que rigen el sistema procesal penal costarricense”.

Añadió que con diversos mecanismos de coacción y hostigamiento “pretenden obligarnos a desistir de nuestra labor humanitaria con un sector desprotegido de la población costarricense”.

González relató que todo inició el 9 de setiembre anterior cuando se dio a conocer que sobre la presunta inocencia de Luis Alberto Aguirre Jaime, involucrado y condenado durante l juicio por el asesinato del comunicador Parmenio Medina, años atrás.

Destacó que ese mismo día se le comunica “que se suspende de forma indefinida las visitas al Centro Penitenciario”, mientras que se convocó a una audiencia el día jueves 12 de setiembre en la oficina de la Jefatura de Orientación en la Dirección del Centro de Atención Institucional la Reforma, para definir “el ingreso o no al centro penitenciario”.

La Fundación reclama que la decisión se realizó con una “evidente violación al debido proceso”, que establece el Reglamento de Visita a Centros Penales, pues la misma fue comunicada vía telefónica y “por medio de un escueto correo electrónico, que no indica detalle alguno de las razones que llevan a dicha medida, violentando por completo lo que establece el mencionado reglamento”.

Reiteró que nunca existió una resolución que detallara los motivos de la decisión ni se hizo la debida notificación para que el departamento legal de FUNDEPRODE, realizara la apelación correspondiente en estos casos.

González informa que posteriormente la directiva de la Fundación fue convocada a una reunión el 13 de setiembre, en el Centro La Reforma, donde se le explicaría sobre la decisión, pero el funcionario Manuel Solano, quien lo atendió, dijo no saber sobre los motivos de la violación del debido proceso y el derecho de defensa de los privados de libertad.

A pesar de ello, Solano anunció que los funcionarios y abogados podrán seguir ingresando al centro penal, una vez enviada una comunicación donde se diera cuenta a cual recluso visitarían, siempre acompañados de un custodio.

Explicó que la organización ha seguido realizando seguimiento de los casos en los que existen procedimientos de revisión ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, así como la atención de llamadas de los privados de libertad que realizan denuncias respecto a los tratos crueles y degradantes de los que son víctimas por parte de algunos custodios.

Luego, sorpresivamente el jueves 14 de Noviembre, al momento en que el presidente de la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y la funcionaria encargada de la realización de visitas y seguimientos de casos, se presentan para visitar a tres reclusos en horas de la mañana, se les informa “que tienen prohibido entrar”.

Ante tal recibimiento se le indica al custodio que el permiso correspondiente para el ingreso se tramitó previamente según lo acordado.

Añadió que el custodio hizo una llamada Gregorio Venegas, uno de los jefes inmediatos, “quien le ordena no nos deje ingresar”.

González precisó que a raíz de ese incidente acudieron a las oficinas centrales del Instituto Nacional de Criminología y Adaptación Social, donde se habla directamente de la problemática con el Subdirector de Adaptación Social Reynaldo Villalobos y  la Presidenta del Instituto Nacional de Criminología Ana Monge, y se exige la entrega de la notificación correspondiente para su apelación.

Sin embargo, “increíblemente dichos personeros nos informan que desconocen el tema en su totalidad, así como las dos suspensiones arbitrarias”, anotó González.

Por otra parte, la Fundación también denuncia que a pesar de que la organización es de carácter perpetuo, le notificaron que la cédula jurídica está vencida, lo que no es cierto.

Igualmente, González reveló que en La Reforma rechazaron nuevamente la solicitud para entrevistar a internos, y se les ha “prohibido de manera permanente” el ingreso a ese centro, “lo que solo reflejan el temor latente de los funcionarios de este centro penal, de que las barbaridades y atrocidades cometidas salgan a la luz pública”.

Finalmente, anunció que para revertir esa situación que viola derechos fundamentales de los detenidos en La Reforma acudirán a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/88333