20/06/2013
El país ha dado un salto cualitativo en términos de universalidad de acceso a los documentos de identidad (se estima que solo existe un subregistro del 10%), dice el abogado Ramiro Orías, de Fundación Construir, lo que implica que más cantidad de personas están habilitadas para acceder a otros derechos. El derecho al voto es uno de ellos, para el cual las personas todavía tienen barreras geográficas y administrativas pero no necesariamente económicas.Orías presentó los avances del estudio “Problemas de documentación e impactos electorales en Bolivia”, desarrollado por Fundación Construir en el marco de un proyecto a nivel de América Latina impulsado por la organización Poder Ciudadano. Los avances de la investigación fueron presentadas ayer, junto a la investigadora Karina Kalpschtrej.
Actualmente existe el registro civil del certificado de nacimiento, la cédula de identidad emitida por el Servicio General Identificación Personal (SEGIP) y el registro electoral en el Tribunal Supremo Electoral. La pregunta es, según el investigador, cómo articular estos registros para que todas las personas puedan tener acceso a los derechos que se abren a partir de uno o algunos de estos documentos.
Los datos oficiales del SEGIP muestran que existe un subregistro estimado de 10% (poco más de un millón de personas) sin cedula de identidad, pero el problema más profundo es la existencia de 2,4 millones de registros defectuosos (por error de registro) y de 630 mil cédulas duplicadas. “Si bien el registro único de identidad está ayudando a organizar y generar nuevas cédulas de identidad, todavía se está arrastrando del viejo sistema un problema crítico de duplicación de cédulas”, dice Orías.
En entrevistas realizadas a distintos actores, el estudio verificó además la situación de las barreras para el ejercicio del voto. La barrera económica no es significativa porque el registro electoral es gratuito, aunque pueden existir costos accesorios como el traslado o transporte de un punto a otro. Las barreras que sí están presentes son la geográfica (ahora atenuada con el trabajo de brigadas móviles) y la barrera administrativa que tiene que ver con la rectificación de datos y las fechas fatales para hacerlo una vez publicados los nombres de las personas registradas en el padrón.
Orías citó datos de Bolivia Transparente sobre las elecciones de 2009, cuyos resultados mostraron que en el 2% de los casos hubo dificultades para que los ciudadanos accedan al registro y en un 98% de casos se verificó una igualdad de oportunidades para inscribirse. Otros aspectos del sistema electoral como la participación de los pueblos indígenas, el voto en el exterior, la inclusión de los privados de libertad, entre otros, también están garantizados.
El investigador explicó que, en su criterio, el país debe avanzar hacia el número único de identidad, es decir un solo documento que sirva para efectos del registro civil y el registro electoral. Actualmente una persona se registra en el certificado de nacimiento al nacer con un número de partida, posteriormente tramita la cédula de identidad al que se le asigna otro número y después debe inscribirse en el registro electoral. Esto hace imposible cruzar información del registro electoral con la del registro civil, por ejemplo, por los códigos completamente diferentes. Orías dice que un documento único permitiría un mayor control de la base de datos y dar un salto cualitativo hacia un sistema de actualización automática de registro civil al electoral.